En AMBIENTALES

El día 5 de diciembre de 2019 se realizó el 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en la ciudad de Santiago de Chile. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile acogió al Tribunal, cuyos jueces fueron: Yaku Pérez (presidente del Tribunal-Ecuador), Maristella Svampa (Argentina), Raul Sohr (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Alberto Acosta (Ecuador), Nancy Yáñez (Chile); el fiscal de la Tierra fue Enrique Viale (Argentina) y la secretaria del Tribunal, Natalia Greene (Ecuador). Aproximadamente 150 personas escucharon a los jueces, presentadores, expertos y personas afectadas durante toda la intensa jornada.

Dio la bienvenida al Tribunal una ceremonia Mapuche de apertura en la que se invocó a los ancestros y se compartió muday como símbolo de solidaridad, luego se iniciaron las actividades alrededor del programa planificado para la jornada. Se recibieron testimonios 22 presentadores y presentadoras de Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil. Los casos que se expusieron fueron los siguientes: 1) Minería de litio en el desierto de Atacama – Chile, 2)    Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida – Chile, y 3) Privatización del agua: el agua como objeto en Chile.  Adicionalmente, se pusieron a consideración para admisibilidad dos casos: Amazonía (varios países) y Vaca Muerta (Argentina).

En un acto de reconocimiento al trabajo y a la impecable carrera del Doctor Humberto Maturana y su incidencia en la defensa de la madre tierra, se le entregó una distinción, la cual lo nombró Juez Honorario.

Los jueces decidieron aceptar todos los casos presentados en el Tribunal y se falló el fondo de los tres casos chilenos. Para los casos Amazonía y Vaca Muerta se aceptan a tramitación los casos y se abre un proceso de recopilación de información y datos para ser analizado en el próximo Tribunal, además de recomendar visitas in situ. Se identificaron a los responsables y víctimas de las agresiones y se emitió un veredicto preliminar (anexo). La sentencia final lo presentará el Tribunal la semana del 9 de diciembre.

Veredicto preliminar por caso

Los jueces del 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitieron veredictos preliminares por cada caso el día 5 de diciembre. Los veredictos finales se darán a conocer la semana del 9 de diciembre una vez que se integren todas las evidencias presentadas.

El jurado decidió aceptar el caso de la minería del litio en el territorio atacameño y dictamina que ha habido violación de los derechos de la naturaleza. Dictamina además que hay afectados (ecosistemas, seres humanos y no humanos) y responsables, tanto empresas (que tienen capitales privados de origen nacional y transnacional), como el Estado en sus diferentes niveles (locales, regionales, estatales). La extracción de litio, junto con la extracción de otros metales preciosos (como el cobre) y minerales (como el potasio) están consumiendo cantidades insostenibles de agua en el desierto de Atacama de Chile, poniendo en riesgo el frágil ecosistema del desierto, su vida silvestre y los medios de vida de los pueblos indígenas Atacameños que ahí habitan. La explotación de litio en los salares de Atacama en la actualidad es una minería de agua al encontrarse este mineral en las salmueras y causa la desposesión de las comunidades, destrucción de la naturaleza y contaminación del agua, causando un grave estrés hídrico en el ecosistema que configura el Salar de Atacama el que en la actualidad se encuentra sobreexplotado habiéndose sobrepasada con creces su capacidad de recarga hídrica.  Por otro lado, es necesario dejar abierta la pregunta acerca de si el litio ocupa o no un lugar en la transición socio ecológica, en la construcción de un paradigma pos fósil.  En esa línea, el Tribunal abre la pregunta si hay una única transición posible y afirma que no hay pos desarrollo sin justicia social y justicia ambiental.

Sobre el caso Patagonia: Reserva de agua y vida, el Tribunal ratifica que la Patagonia tiene gran biodiversidad amenazada debido a la presencia de industrias que progresivamente han destruido la naturaleza, y que la explotación del borde marino ha afectado el ecosistema. El Tribunal también considera que el estado chileno permitió un genocidio de los habitantes indígenas del extremo sur para poder desarrollar la ganadería ovina, y que el estado no ha respetado a las comunidades. De igual manera se reconoce la vulneración de los derechos consagrado en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en la que se reconoce que cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra para su funcionamiento armónico.

El Tribunal recomienda al estado chileno cambiar su actitud ecocida; respetar rigurosamente las áreas protegidas y de conservación; cumplir con los procesos de consulta previa; establecer medidas de precaución para que las actividades humanas no afecten brutalmente los sitios en cuestión; establecer justicia restaurativa para los pueblos originarios afectados; condenar moralmente a las empresas mineras y salmonícola e instarlas a asumir los costos reales de sus acciones; así como exigir al Estado de Chile generar todo las condiciones para adoptar una nueva constitución que consagre Derechos a la Naturaleza.

Con base a todo lo expuesto en párrafos precedentes, este Tribunal encuentra que la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza.

Con respecto al caso de la privatización del agua en Chile, el Tribunal escuchó testimonios de víctimas y expertos respecto de la vida y de las amenazas de la vida y evidencia que el agua se ha vuelto un negocio. El agua en Chile es un objeto y es mercantilizada al permitir su privatización. El Tribunal condena el modelo económico extractivista que niega que el agua es vida, debe ser un sujeto político, comunitario y espiritual. El Tribunal recomienda incidir y aprovechar el momento Constituyente chileno para establecer que el agua es un sujeto de derechos. Recomienda revisar la Constitución de Ecuador (art. 12, 282 y 318) donde el agua tiene derechos reconocidos y se establece también una prelación de su uso.

Sobre el caso Amazonía, el Tribunal reconoce que la Amazonía es la selva tropical más grande del planeta y se encuentra amenazada por el ecocidio (deforestación y otros). La Amazonía es esencial para garantizar la biodiversidad de la región y del mundo. Los incendios en la Amazonía han sido favorecidos por los estados para consolidar el agronegocio, lo que se ve reflejado en la desinstitucionalización de los mecanismos para proteger la naturaleza y la adopción de leyes que exoneran de responsabilidad a los responsables de los incendios. La deforestación no es el único responsable del ecocidio, sino que también la acción minera y petrolera. Existen normas de protección de este ecosistema pero no se cumplen. Bajo estas consideraciones, se acepta el caso de la Amazonia y se abre un período de recopilación de evidencia del caso en la región para que este pueda ser considerado en profundidad en una próxima sesión del Tribunal. También se solicita a más organizaciones y personas afectadas que envíen sus evidencias, poniendo énfasis en el daño a la madre tierra, a las comunidades indígenas y al impacto diferenciado respecto a pueblos en aislamiento voluntario o no contactados. Debido a la apremiante situación de los incendios, se decide priorizar las regiones afectadas y recomendar visitas in situ del Tribunal para constatar los daños.

Vaca Muerta es un importante caso de explotación de combustibles fósiles, especialmente a través de la fractura hidráulica intensiva ya que hay claras evidencias de posibles violaciones a los Derechos de la Naturaleza. Los antecedentes proporcionados al Tribunal, indican que existe una evidente violación a los Derechos de la Naturaleza y por tanto se solicita que se constituya una comisión de investigación para analizar el uso y el estado del agua y se inicie un proceso de recolección de evidencias del caso con visita a Vaca Muerta, petición que es aceptada por los jueces.

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