En AMBIENTALES

Durante los últimos años, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha construido reflexiones nacionales y en la región sobre el tema del agua, los riesgos de privatización, mercantilización y financiarización a la que se le expone, y también las luchas y estrategias de nuestros pueblos para enfrentar estas amenazas. En este sentido, y entre otros esfuerzos, en el 2016 se presentó el Informe: Estado del agua en América Latina y el Caribe, donde se caracterizó los crecientes conflictos en la región, que afectan la posibilidad de agua para los pueblos, producto de la destrucción de las fuentes hídricas y el despojo de los territorios. Adicionalmente, se compartieron diferentes propuestas sustentables desde las organizaciones y procesos sociales latinoamericanos para la defensa y protección del agua.

En esta línea de reflexión, y en aras de una mirada holística sobre la región, el presente documento -Política pública y derecho fundamental del agua en América Latina y el Caribe- entrega una serie de resúmenes de política -policy brief- que exponen las razones fundamentales para adoptar alternativas de política pública en cada uno de los países participantes. Estas propuestas son el producto de un ejercicio realizado durante el último año (2017-2018) en 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Uruguay. En cada uno de ellos se caracterizó de forma sucinta las formas en que se adelantan las políticas del agua en cada gobierno, y presentan las propuestas alternativas de política pública, la mayor parte de ellas lideradas por amplios escenarios de articulación popular, consideradas como condiciones necesarias para la defensa del agua y el reconocimiento del derecho fundamental.

En el capítulo dedicado a Chile, este fue construido en conjunto entre nuestro Comité y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Chilesustentable, la ONG Ciudadano Inteligente, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Ecosistemas, Ética de los Bosques, la ONG Fiscalía Medioambiental (FIMA), Fundación Huajache, Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) y Observatorio Ciudadano. Agradecemos a cada una de estas organizaciones por su participación en la realización de este capítulo, y queremos destacar el papel que desempeñó la periodista Paulina Acevedo en la sistematización de la información recogida.

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