En ACCIÓN
  • Sindicatos de la institucionalidad ambiental, parlamentarios y organizaciones ciudadanas presentaron propuestas para una profunda reforma al SEIA.
  • Desde enfoque precautorio, se hicieron propuestas en ámbitos clave como participación ciudadana, institucionalidad ambiental, el rol de las decisiones técnicas y políticas, Consulta Indígena, fiscalización, entre otras.

Este lunes 8 de agosto se presentó el documento de Propuestas para la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), elaborado por un grupo transversal de organizaciones y parlamentarios. Este grupo, constituido como Comisión Sindical Ciudadano Parlamentaria (CSCP), viene trabajando desde inicios del año 2015 y ya lanzó, en septiembre del año pasado, un documento de Diagnóstico al respecto.

La CSCP nació como alternativa a la Comisión Asesora Presidencial sobre modificación al SEIA, en un intento de democratizar la discusión para la elaboración de diagnósticos, insumos y propuestas para las reformas al SEIA. Para ello ha contado con la participación de un conjunto de organizaciones encabezadas por los sindicatos de la institucionalidad ambiental (Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente), diputados, senadores, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Al respecto, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente (ASU12111134MA), Verónica González, señaló que “es necesaria una reforma que considere la experiencia de los funcionarios públicos que aplicamos día a día las leyes, que somos la cara visible para una comunidad que busca respuestas y soluciones reales a sus demandas ambientales. Una institucionalidad ambiental que no escucha a quienes estamos en primera línea, en contacto directo con la ciudadanía, demuestra una vez más el poco peso y valoración de nuestras autoridades en generar reformas para la gente”.

Por su parte, Álvaro Gómez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de Medio Ambiente (FENATRAMA), destacó que es clave el “respeto a los profesionales y a los fundamentos técnicos de la evaluación ambiental para calificar proyectos”, destacando que una mejor y verdadera participación ciudadana requiere de la “extensión de plazos y la duración durante todo el proceso de evaluación ambiental”.

En la misma línea, y desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA), su presidente, Francisco Cabrera, profundizó en algunas de las propuestas de la CSCP, destacando que la “participación ciudadana en las DIA se debe hacer siguiendo el interés público”, y que “la actual definición de cargas ambientales es totalmente insuficiente”. Destacó también que una “evaluación estricta, rigurosa y de calidad requiere la eliminación del Comité de Ministros”.

Presentes en el proceso también han estado varios parlamentarios, como los diputados Gabriel Boric, Cristina Girardi, Giorgio Jackson, Daniel Melo y Camila Vallejo, además de los senadores Alfonso De Urresti y Antonio Horvath. El senador De Urresti valoró el trabajo de la CSCP, y señaló que “Este diagnóstico es un importante esfuerzo por actualizar nuestra legislación ambiental. Especialmente importante nos parece la inclusión de problemas que enfrentamos a diario en las regiones, tales como la consulta indígena con los estándares adecuados, la localización de los proyectos y los efectos sinérgicos de muchos de ellos, por ejemplo las minicentrales, que hoy la ley les permite exceptuarse de la evaluación de impacto ambiental”.

Por su parte, el senador Antonio Horvath destacó que “muchas organizaciones ciudadanas, ambientalistas y de las distintas regiones de Chile, se han sentido marginadas de esa comisión [Asesora Presidencial], y por eso han formado una comisión ciudadana, con la participación de parlamentarios, en la cual queremos validar el que ahí efectivamente se garantice la participación, el uso armónico del territorio… y no se hagan evaluaciones de impacto ambiental financiadas por las empresas que presentan los proyectos, porque… son trajes elaborados a la medida”.

Desde el mundo de las organizaciones sociales, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, planteó que “el SEIA  tiene como objetivo prevenir los daños ambientales y por lo tanto su modificación tiene que apuntar en ese sentido, así como en el de consagrar la justicia ambiental. Este esfuerzo ciudadano recoge estas ideas y aspira a ser un aporte en la discusión, para que nuestro sistema no mejore solamente en los tiempos de obtención de permisos de las empresas, especialmente si se quiere hacer eso a costa de disminuir la protección ambiental.” 

Cabe destacar que este informe es uno alternativo al recientemente entregado por la Comisión Presidencial a la Presidenta Michelle Bachelet. Dicha instancia solo contó con la participación de comisionados de la industria y del gobierno, excluyendo a los sindicatos de la institucionalidad ambiental, a organizaciones sociales y de la sociedad civil, y parlamentarios. Respecto  de las propuestas de la Comisión Presidencial en materia de Consulta Indígena y relativas a la creación de un procedimiento de Relacionamiento Temprano, Hernando Silva, Coordinador del Equipo Jurídico del Observatorio Ciudadano, manifestó que “el procedimiento de relacionamiento temprano podría convertirse en una instancia de definición previa de las medidas de mitigación, reparación y compensación del proyecto, lo que podría afectar la buena fe del proceso”.

El documento elaborado por la CSCP, por el contrario, propone un profundo cambio de paradigma en lo relativo a la evaluación ambiental: la recuperación del principio y enfoque precautorio. “Se trata de que lo que prime sea la evaluación de los impactos de los proyectos y su minimización, con miras a proteger y garantizar los derechos de las personas, y no la aprobación vía el “mejoramiento” de los proyectos a través del paso por la institucionalidad ambiental”, señala el documento.

Se propone así que el SEIA sea reestructurado desde un sistema que realiza la evaluación de los proyectos con información entregada por los titulares, a uno basado en información y línea base de datos pública. Para ello, señala como fundamental robustecer la autonomía de la institucionalidad ambiental, independizándola de decisiones políticas contingentes de corto plazo. “La evaluación ambiental debe ser una evaluación técnica, que incluya el pronunciamiento de los organismos técnicos relevantes para evaluar los impactos del proyecto evaluado, los insumos de las autoridades locales y regionales, así como de la ciudadanía”.

Son miembros de la CSCP las siguientes organizaciones, sindicatos y parlamentarios: Alerta Isla Riesco, Área de Estudios Gobernanza Ambiental Energía y Sustentabilidad de IDEA-USACH, Chile Sustentable, Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), Corporación Costa Carrera, Corporación para el Desarrollo de Aysén (CODESA), Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Ecosistemas, Ética en los Bosques, Federación Nacional de Trabajadores Públicos de Medio Ambiente (FENATRAMA), Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENATRAOS), Fundación Decide, Fundación Nahuelbuta, ONG FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente), Instituto de Ecología Política (IEP), Más Antofagasta, Movimiento en Defensa del Ambiente (MODEMA), Observatorio, Ciudadano, Red Campus Sustentable, Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA); los diputados Gabriel Boric, Cristina Girardi, Giorgio Jackson, Daniel Melo, Camila Vallejo y los senadores Alfonso De Urresti y Antonio Horvath.

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