En COLUMNAS
La última columna de Daniel Matamala (“El Sueldo de Chile”), quien suele entregar una tremenda cantidad de información demostrando que nuestra casta político-económica vive y decide en su propio país y por su propio bien, mientras la realidad nacional o más bien de los restantes chilenos, es bastante diferente, muestra de cómo la minería transnacional se roba de todo a vista y paciencia de nuestro Estado, gobiernos y políticos de turno.
 
¿Uds. creen que no saben de esa realidad? ¿O será que están coludidos? Bueno, Matamala no es el primero que denuncia tal realidad, hasta nosotros acá en el fin del mundo lo hemos estado haciendo. Pero, “¡no se oye Padre!”.
 
Mientras leíamos dicha columna, nos recordamos de Patagonia sin Represas, cuando unas transnacionales pretendían represar y destruir nuestra región para enviarle energía a las mineras transnacionales ubicadas a miles de kilómetros hacia el norte. Proyectos de lo más absurdos y contra toda lógica de bien común e interés nacional. Esa vez demostramos lo innecesario de esos megaproyectos y que había múltiples alternativas mejores y hasta más cercanas. Eso ocurría mientras los gobiernos y ministerio de energía insistían en que las represas, ahora de “energía renovable”, eran imprescindibles. El tiempo y realidad energética terminaron por darnos la razón. La cuestión es que el establishment político se mantuvo cuadrado con las transnacionales eléctricas, por más que se le demostrase que estaban equivocados”, business is bussiness”, hasta que el propio negocio eléctrico les refregó en la cara que las renovables no convencionales, la diversificación y desconcentración eran más convenientes y bajaban los precios. Algo bastante obvio por lo demás.
Si bien en aquel entonces también mostramos la increíble obscenidad de la minería transnacional en Chile, convertida gracias a la dictadura en el 70% de la anteriormente nacionalizada “viga maestra”, y “sueldo de Chile”, ahora convertida en Codelco con solo 30% (¿Antofagasta Minerals de Luksic estará en ese 30%?) y como esta minería trans evade impuestos, de cómo roban minerales y en comparación, aportan prácticamente nada a la economía, a vista y paciencia nacional. Así, aparte del 10% de la minería nacionalizada al erario militar, ésta aporta solo 5,9 % al erario nacional, mientras todos los chilenos, incluso los pobres y marginales, desde nuestros bolsillos aportamos 40% a través del IVA. Y cuando hay quienes opinan, pero poco hacen al respecto, de que quienes tienen mayores ingresos debieran dejar más impuesto, suelen olvidar en esto a las mineras. Y claro, las mineras también flotan en mitos, como que si no las dejan trabajar tranquilas acá, se van a otro país más “amoroso” (o gil), de que a Chile le conviene la tremenda inversión que hacen (para ellos) y que dan empleo (el que es ínfimo y tiene caducidad en comparación a otras actividades).
 
Mientras a causa de la pandemia los chilenos se han visto obligados, a causa de un gobierno definitivamente “coñete”, en tener que recurrir a sus pensiones (pan para hoy hambre para mañana) a través de los muy populistas 10%, extrañamente nadie repara que existen alternativas, que para ser alcanzables requieren de políticos realistas y visionarios, realmente patriotas. Si ya no fueron capaces de poner parte de sus propios abultados ingresos a un fondo de ayuda solidaria como lo han hecho en otros países, ni sus propias pensiones se verán afectadas ¿por qué será que no tocan los intereses de las mineras transnacionales, ni de los súper millonarios chilenos? Ojalá a cincuenta años de la nacionalización de la minería del cobre puedan recapacitar e iluminarse.
 
Otra tremenda deuda que arrastra el Estado de Chile es en la Araucanía, donde a todas luces las plantaciones de monocultivos constituyen buena parte de la causa del problema mapuche. Ahí las forestales de los millonarios Angelini, Matte y Schmidtheini son algo así como las mineras en otras partes o peor, porque además pagan malos sueldos y tienen convertida esa zona en la más pobre del país. Y toda esa tremenda superficie de desierto verde existe gracias a bonificaciones estatales del famoso DL 701. O sea la financiamos todos los chilenos. ¿Y la casta política que debiera cambiar esta aberración dónde está? Por cierto aquí también nos encontraremos con los típicos mitos justificadores de la intocabilidad de los poderosos y del statu quo. ¡Y después se sorprenden de que existan problemas sociales!
 
De ahí podríamos continuar con la pesca y salmonicultura. Con, por ejemplo, las hipotecas sobre concesiones marinas ¿Algo más insólito que el que particulares puedan hipotecar el mar de todos los chilenos? ¿Algún político haciendo algo al respecto? Y claro, también está esa corrupta la Ley de Pesca y Acuicultura.
 
Así la realidad de este país corrupto y de las apariencias en el cual el Estado y sus políticos tomadores de decisiones tienen más de alguna deuda con el resto de los chilenos. Y ese resto que suele ignorar estas cosas, por cierto que podría influir, entre otras formas con sus votos, en cambiar esta realidad. Si hace cincuenta años nuestros políticos en forma unánime y con toda una nación detrás, fueron capaces de nacionalizar el cobre ¿Por qué no podríamos llegar a algo parecido ahora? Y si Patagonia sin Represas, gracias al apoyo de más del 70% de los chilenos, pudo parar esos megaproyectos absurdos y cambiar la política energética nacional ¿Por qué los chilenos no podríamos volver a incidir en modificar las políticas minera, forestal y pesquera? Tal vez la nueva Constitución sea un buen comienzo.
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