In AMBIENTALES

La pandemia que durante estos últimos meses ha vivido la humanidad en su conjunto nos ha obligado a replantear y poner en discusión varios de los aspectos más elementales que implica la vida en comunidad: la solidaridad con las y los demás, lo importante que es el
trabajo en equipo y lo mucho que podemos lograr cuando ciencia y política trabajan de la mano.

Aprendimos que ningún país, por poderoso que sea, puede lograr salir adelante si su política no es poner las vidas de sus ciudadanos por sobre todo lo demás. Aprendimos que, como bien han dicho nuestros pueblos originarios, debemos respetar la naturaleza porque
somos parte de ella y alterarla trae consecuencias como ésta. También aprendimos que solxs no superaremos esta crisis y que únicamente trabajando en equipo e incluyendo en la conversación a todos los actores, los países y sus gobiernos podrán superar esta pandemia.

Hoy, organizaciones del área de la salud, la academia, las comunidades indígenas y movimientos ambientales nos unimos bajo un lema común: la ciudadanía debe ser parte de la conversación, y para eso, los gobiernos deben dejar de ocultarnos la información.

Cuando se debe enfrentar una amenaza a la salud pública que pone en riesgo la vida de las personas, tenemos derecho a saber qué está pasando exactamente y cómo podemos ayudar a detenerla.

Esta premisa, que para muchos parece tan obvia, queda consagrada expresamente en el Acuerdo de Escazú1, un inédito tratado internacional de América Latina y el Caribe que obliga a los gobiernos de la región a ser transparentes e incluir a la ciudadanía en la toma
de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan.

Inexplicablemente, y a pesar de haber sido su promotor, Chile ha optado por no suscribir el Acuerdo, situación que ha implicado la continuación de dinámicas problemáticas, tales como la poca transparencia en torno a los datos de contaminación en territorios críticos como Quintero y Puchuncaví2 o, como también, en la gestión de esta crisis sanitaria, entregando cifras con un nivel de desagregación y periodicidad que impide hacer análisis más profundos de los efectos y proyecciones de la pandemia3 y, en muchos de los casos, excluyendo de las discusiones a organizaciones del área de la salud, las que sin lugar a dudas hubieran sido un aporte con recomendaciones expertas que podrían haber salvado vidas. La situación que estamos viviendo hoy es un claro ejemplo de como la transparencia de la información permite que más actores estén regulando el actuar del gobierno, y cómo la falta de datos o información puede repercutir directamente en salvar vidas.

Este mismo caso lo vemos en el mundo académico, donde mientras las y los expertos han intentado dar con algunas soluciones para esta crisis, su trabajo ha sido dificultado por la falta de información y transparencia en torno a la crisis, al tener como respuesta por parte
de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que “ hoy no es el momento para exigir ese tipo de información”4.
Estamos ante una crisis, y debemos tratar todas las crisis con seriedad. Las organizaciones ambientalistas llevamos años advirtiendo sobre las consecuencias de no abordar con seriedad los riesgos aparejados a la crisis climática y ecológica de la misma forma que las organizaciones de la salud llevábamos años advirtiendo sobre la precariedad de nuestro sistema de salud. ¿Nuevamente vamos a esperar otra gran crisis para actuar? No volvamos a repetir los mismos errores que hemos tenido con el Coronavirus, con la crisis climática e hídrica. Aún estamos a tiempo de actuar, pero no solxs ni a puertas cerradas: debemos actuar coordinados política, ciencia y ciudadanía.

De esta crisis, y de las que vienen, sólo saldremos con unidad, dialogando y actuando. No permitiremos que nos sigan dejando fuera de la discusión, hagamos del diálogo y de la transparencia elementos indispensables para nuestra democracia. Las organizaciones aquí firmantes, en unidad, emplazamos al gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo de Escazú ahora, a dejarse de excusas y a actuar escuchando a sus ciudadanos.

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  1. Específicamente en su Artículo 6, párrafo 5, donde se señala que ante una amenaza inminente a la salud pública , la autoridad debe liberar toda la información relevante que se encuentre en su pode r y que le permita a la ciudadanía tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños.
  2. Y que ha quedado en evidencia en la sentencia de la Corte Suprema referida a la situación de dicha zona, donde se expresa que existe una vulneración a los DDHH y hay una falta de transparencia relativa a los datos.
  3. Fuente en los estudios de Espacio Público sobre la “Evolución del contagio de COVID-19: Chile y resto del mundo en fechas comparables”.

 

Otras organizaciones:

  • SCAC Magallanes
  • ONG CEUS
  • Instituto de Ecología Política
  • Fundación Relaves
  • Patrimonio vivo costa
  • Centro Ecológico Cultural de Logaví
  • Fundación Ingeniería Sin Fronteras
  • junta de vecino población ultima hora Huechuraba La Pincoya
  • Organización de Estudiantes por el Reciclaje y Sustentabilidad de la Universidad Alberto Hurtado

Ver nota de la Tercera aquí

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