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Chile ha promovido desde el año 2012 junto a Costa Rica las negociaciones para la adopción de un tratado ambicioso y vinculante sobre acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe. Este tratado –conocido como “Acuerdo de Escazú”– es el acuerdo ambiental más importante de las últimas dos décadas, y fue justamente Chile quien lideró por primera vez un proceso internacional de esta envergadura, que abre esperanzas de un resguardo efectivo en temas que se han convertido en la principal agenda ambiental nacional y también de otros países de Latinoamérica. Por lo mismo, es preocupante haberse restado a último minuto sin mayor ni clara argumentación por parte de las autoridades, no obstante ser un acuerdo donde incluso nuestro país instó a los restantes países de la región a que se sumaran.

Esta inexplicable decisión propició el que inmediatamente distintas organizaciones de la sociedad civil calificáramos esta acción como contradictoria y poco seria, más aún si al día siguiente en que se firmó por parte de 15 países, el Presidente Sebastián Piñera en su discurso ante la ONU afirmara que su gobierno aspira al fortalecimiento del desarrollo sustentable y respeto del medio ambiente. Un discurso cosmético que no cambia las consecuencias de fondo: persistencia de conflictos ambientales ante impactos al medio ambiente, con zonas de sacrificio donde la población se ve gravemente afectada, así como el avance de una alarmante pérdida de biodiversidad marina y terrestre por contaminación y destrucción de ecosistemas.

Constituye sin duda un retroceso frente al esfuerzo desplegado por las anteriores administraciones de gobierno para sacar adelante este acuerdo y al de las organizaciones de la sociedad civil que veníamos siguiendo las negociaciones y veíamos la firma y ratificación de este tratado como un gran logro sustantivo que por fin se estableciera un acuerdo internacional vinculante en temas ambientales, donde entre otros aspectos se reconoce y da énfasis a la protección de defensores y defensoras ambientales, tan desprotegidos en un continente con un creciente número de ambientalistas asesinados por levantarse en favor de los derechos de sus comunidades: cuatro cada semana durante el año 2017, según cifras de Global Witness.

La decisión del gobierno de Sebastián Piñera se da, además, precisamente en momentos en que enfrenta unos de los instantes más críticos a su gestión por el manejo de los asuntos ambientales y la protección de la salud de la población, como acontece con las múltiples intoxicaciones tras los episodios de contaminación en Puchuncaví y Quinteros, y por el retroceso en el resguardo de la biodiversidad y los ecosistemas protegidos ante la irrupción de nefastos proyectos de inversión, como la aprobación de las tronaduras en Isla Riesco en Magallanes por parte de la Minera Invierno; la destrucción que genera el proyecto Alto Maipo en las nacientes de tres ríos afluentes del Río Maipo, afectando el caudal y la calidad de la principal fuente de agua de la Región Metropolitana; y tantos otros conflictos a lo largo del país relacionados a otras actividades extractivas como la salmonicultura, la forestal y la agroindustria.

También en el marco de este complejo escenario de implementación de proyectos contaminantes, miramos con atención y preocupación lo que pasará con el proyecto Dominga y sus consecuencias de ser aprobado, ya que nuevamente se afectaría un área marina protegida y además no se cumpliría el compromiso adquirido de lograr descarbonizar nuestra matriz energética. Proyectos que, como los otros señalados, siguen poniendo en jaque el equilibrio de valiosos ecosistemas donde están emplazados y afectando seriamente la confianza en las políticas ambientales impulsadas por la deficiente reversión y fiscalización de las resoluciones tomadas por servicios y organismos técnicos del Estado para beneficiar los intereses de las empresas implicadas.

La firma del Acuerdo de Escazú era el momento justo para validar la democracia y justicia ambiental en nuestra región y para fortalecer a la vez mecanismos de participación ciudadana que ayudarán a prevenir más conflictos socioambientales como los que se registran en Chile, dando apoyo además a los defensores ambientales tras estos conflictos. Hoy es más que necesario que nunca que el gobierno modifique este actuar incongruente y poco garante de los derechos de las personas que el Estado está obligado internacionalmente a resguardar por sobre consideraciones económicas, ya que en última instancia, de nuestra propia institucionalidad ambiental esto depende y aún seguimos al debe.

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