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Peter Hartmann, Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida – El Divisadero 11-04-2018

Hemos estado observando, no sin asombro, la campaña anti Parque Nacional Patagonia, esta vez con la más que evidente mano negra minera tratando de cuidar lo que entienden es “su territorio”. Quien tiro la primera piedra fue el alcalde Ibarra de Chile Chico…Aunque la verdad es que eso es en lo que refiere a la actualidad, porque ya hace años el entonces Diputado Sandoval esta en eso, contando con el apoyo, a veces, del alcalde de Cochrane y grupos de adláteres con argumentos más bien ganaderos. Por lo tanto, el que ahora algunos vengan a decir que no tenían idea del proyecto del Parque Patagonia, que ya era vox populi, es porque definitivamente están o se hacen los desinformados.

Ahora, el que el parque se decretase sin mayor explicación y consulta, al menos a las municipalidades del territorio afectado, coincidimos en que no fue bueno. Así como las comunidades tuvieron hartos años como para enterarse, al menos por la vía informal del proyecto, el gobierno también los tuvo como para interactuar con al menos esos municipios, aunque ninguna ley lo obligaba. Por lo demás, en el acto de decretos en Valle Chacabuco, estaban presentes, muy contentos, los correligionarios del alcalde de Chile Chico, el entonces Senador Walker y el Diputado electo Calisto. O sea, o el alcalde tenía muy mala relación con ellos y “su” gobierno o se hace el desentendido. Tal vez sea porque la minera recién lo vino a alertar sobre sus intereses afectados a último minuto. Y eso de involucrar y asustar a los pobladores vecinos y usuarios de veranadas fiscales, evidentemente sirve para meter a la comunidad en el lio. ¿Qué tanto puede afectar el parque a esos vecinos que ya convivían con una Área Silvestre Protegida? ¿O es que tenemos autoridades que justifican el uso ilegal (si es que) de una reserva nacional y terrenos fiscales como veranada?

Notable es además que en sus declaraciones el Consejo Municipal de Chile Chico y un dirigente sindical minero dejaran en claro que lo que reclaman es la falta de información y participación y que tienen nada en contra de la creación del parque. Igual lo es que la minera supuestamente afectada, La Cerro Bayo, propiedad de la transnacional radicada en Canadá, Mandalay Resources Corp, no dé la cara. ¿Y en que le afecta a esa minera el parque nacional? Pues, en que en las Reservas, cuando no tienen interés científico declarado, a veces se permite, al menos, las exploraciones mineras y en los parques no. O al menos ahí se les pone más complicada la pista. A lo mejor la minera se puso nerviosa ante la preocupación que hemos estado mostrando últimamente algunas ONGs ante los intentos de efectuar actividades mineras en áreas con prioridad de conservación de biodiversidad y en las cercanías de la Reserva Nacional Jeinimeini, donde se supon por ley debían presentar estudios ambientales. Y la verdad es que tanto las mineras como las salmoneras cuentan con muchas facilidades en el sistema de evaluación de impactos ambientales, en la legislación y por parte de la institucionalidad que suele hacerles de guardaespaldas. Todo porque se supone aportan al famoso crecimiento y dan empleo. ¿O porque aportan a la caja electoral? Claro que de ahí a que sean sustentables hay un larguísimo trecho; a estas alturas ya es archiconocido que ni siquiera pagan impuestos y las utilidades ganadas con minerales que la nación chilena vera nunca más, se van todas al extranjero . ¿Y realmente producen crecimiento y empleo? Seguro que algo, marginal, por algunos años, claro que debe ser un ínfimo porcentaje de lo que podría ser si fueran sustentables y existiesen autoridades regionales, parlamentarios y gobiernos que cuidasen los interesas nacionales y se ocupasen de que así fuese. Un buen ejemplo de cómo funciona este sistema nefasto, fue la mina “El Furioso”. Ahí, en las cumbres sobre Mallín Grande, se explotó un mineral durante solo dos veranos, subsidiándose con 600 millones de Fondos Regionales y la participación del MOP –Vialidad la construcción del camino de acceso, el que de paso eludió la evaluación ambiental. El argumento fue que se daba empleo a 80 mineros. ¿No habría mejor uso para esos millones dando empleo sustentable, por ejemplo aumentando o mejorando el área de riego en Chile Chico, en vez de subsidiar a una transnacional cuyos dueños deben reírse de nuestras autoridades de mentalidad extractivista subdesarrollada?

Otro argumento esgrimido que nos llamó la atención, es aquel de “los ochenta años de tradición minera”. Que sepamos la minería llego a Chile Chico con la explotación de Fachinal por la transnacional Couer D’Alene en los 90s y la herencia, provincial, de la Empresa Minera de Aysén fue más bien de mineros cesantes, de instalaciones abandonadas (inclusive dos hidroeléctricas que podrían estar aportando energía) y peligrosos pasivos contaminantes. También de poblaciones con record nacional de plomo en la sangre. ¿Algún aprendizaje? Y en cuanto a la “tradición” de Fachinal y Cerro Bayo, por nuestra parte vemos como cada vez que baja el precio del oro y plata y cada vez que se les termina alguna veta quedan los trabajadores cesantes y cargados de problema al Estado, donde en primera instancia esta la Municipalidad respectiva. Y bueno, también hay por desgracia desde hace poco dos mineros sepultados en la mina Delia 2, que dicen operaba sin permiso respectivo y donde nunca declararon estaba bajo una laguna. ¡Linda tradición! ¿O será traición? Y en cuanto a traiciones ambientales y comparar la actividad minera con la que da un Parque Nacional, da como para escribir otras columnas.

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