En ACCIÓN

Esta declaración pública emana de la Asamblea ATALC de Amigos de la Tierra realizada en Honduras y que contó con la participación de CODEFF a través de la integrante del programa de Biodiversidad, Constanza Osorio.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Amigos de La Tierra América Latina y El Caribe, respecto a la crisis social y ambiental que se vive actualmente en las comunidades costeras del sur de Chile.

La grave crisis que se vive hoy en día en las costas del sur de Chile, es una de las peores catástrofes sociales y ambientales que registra la historia de este país. Si bien el análisis profundo de las causas de esta catástrofe aún está pendiente, consideramos que el actuar irresponsable de las autoridades y las décadas de producción industrial salmonera, son un factor de daño social y ambiental permanente y progresivo en el tiempo.

La industria del salmón lleva casi treinta años desarrollando desastrosas prácticas en lagos y mares del sur de Chile, tales como: la sobrecarga de nutrientes y eutrofización delagos y fondo marino; el uso exagerado de antibióticos; el escape de millones de salmones (especie exótica invasora para los ríos, lagos y los mares de Chile); la contaminación de los cuerpos de agua con desechos de la industria; el emplazamiento de centros de cultivo en Santuarios de la Naturaleza y Reservas Nacionales; el no cumplimiento de Declaraciones de Impacto Ambiental superando la carga en hasta diez veces autorizado; entre otras.

Los grandes conglomerados salmoneros locales y transnacionales han promovido e implementado dentro del Estado Chileno diversas políticas pesqueras, laborales y ambientales de privatización, transferencia de recursos y bienes públicos en su favor. Este actuarrepresenta la captura del Estado y la subordinación del interés público al lobby de las cúpulas empresariales, por sobre la identidad, cultura, prioridades e intereses de los pueblos.

El monocultivo intensivo de salmónidos en el sur de Chile, ha provocado sistemáticamente millonarias crisis sanitarias, ambientales, financieras y sociales, demostrando que es una actividad insustentable e ineficiente. Históricamente,  han sido las comunidades y el entorno quienes han asumido unilateralmente el profundo deterioro que la acción criminal de la industria y la negligencia de las autoridades han provocado en el medio ambiente, la salud pública, las personas y la soberanía alimentaria.

Demandamos que las autoridades chilenas aclararen todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con la actividad salmonera, con total transparencia en la información sobre la forma, magnitud y el lugar en que se vertieron salmones descompuestos al mar y las sustancias químicas que se utilizaron en el proceso, mediante un estudio serio, independiente e imparcial realizado por expertos no ligados a las salmoneras.Debe realizarse una profunda investigación que determine las reales causas de esta catástrofe, de manera que permita sancionar a los responsables;tomar las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado al ecosistema y las comunidades afectadas por la precarización del trabajo y el desempleo, crisis de hambre y desplazamiento forzoso de comunidades y prevenir que este tipo de situaciones se repita en el futuro.

Repudiamos el actuar represivo de las fuerzas de orden el Estado y las insuficientes ofertas de compensación económica por parte del Gobierno. Los conflictos sociales y ambientales merecen una mirada más profunda, soluciones de fondo y permanentes, con medidas efectivas de reparación a favor de las comunidades afectadas, que tengan directa relación con su identidad, cultura, necesidades y prioridades y que sean legitimadas por las comunidades afectadas en su conjunto.

Por último, manifestamos nuestra solidaridad con todas las comunidades afectadas por esta catástrofe, apoyamos sus esfuerzos de lucha y organización, y solicitamos un trato digno y una pronta respuesta a sus legítimas demandas de investigación, sanción, indemnización, apoyo técnico y derogación inmediata de la corrupta Ley de Pesca.

Asamblea Anual de Amigos de La Tierra América Latina y El Caribe,

20 mayo del 2016.

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