En el último segundo del último minuto de tramitación de la Ley de Protección de Glaciares en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, durante la votación de los artículos transitorios, el gobierno se la jugó por dejar sin efecto la única posibilidad de que la normativa efectivamente incluyera algún resguardo, al menos temporal, de todos los glaciares del país, a través de la presunción de que todos los cuerpos de hielo se consideraran “reserva estratégica” mientras la autoridad realiza estudios y procedimientos para decretarlos como tales. Esta figura habría posibilitado su protección, prohibiendo actividades que puedan removerlos, cubrirlos con material de descarte o emisiones de material particulado.
Esto, durante la sesión del miércoles 18 de mayo, ocasión en que la comisión despachó el proyecto para su votación por el pleno.
Fue en el marco de la discusión del proyecto de ley, y debido a que durante la tramitación no se lograron los votos ni estuvo en la voluntad del Ejecutivo la protección general de todos los glaciares, que se planteó por parte de los legisladores un par de indicaciones tendientes a permitir que mientras no estuvieran declarados como “reserva estratégica” el 33 % de la superficie glaciar del país que se ubica fuera de parques y reservas nacionales, se presumiría que todos quedaban resguardados bajo esta figura. Sin embargo, ese miércoles los parlamentarios votaron en forma dividida dicha indicación no lográndose mayoría, con lo cual el gobierno logró que se mantuviera un texto del artículo tercero transitorio que desvirtúa la presunción general de protección hasta que un tercio quedara bajo dicha salvaguarda.
Para entender esto, es preciso acudir al artículo 5º que establece el procedimiento bajo el cual se declara reserva estratégica glaciar. Este establece que anualmente en el mes de agosto la Dirección General de Aguas (DGA) publicará una “resolución exenta con un listado de glaciares que dicho servicio estima son susceptibles de ser declarados reserva estratégica glaciar dicho año”. Luego de este acto administrativo cualquiera podrá oponerse a la declaratoria, lo cual será revisado por los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, procedimiento que derivará en la publicación de decreto supremo.
El problema radica en que el artículo tercero transitorio aprobado el miércoles 18 de mayo señala que “se presumirá que toda superficie glaciar existente fuera de la definición del inciso primero del artículo sexto (parques y reservas nacionales) será reserva estratégica glaciar mientras no se haya efectuado la publicación a la que se refiere el inciso primero del artículo quinto, respecto de, al menos, el 33 % de dicha superficie”. Es decir, basta con la publicación en la web de las resoluciones exentas (y no la declaración definitiva) conteniendo un tercio de los glaciares del país susceptibles de ser protegidos para que queden automáticamente sin protección el 67 % restante. Porque, en efecto, no necesariamente el listado publicado será igual a los efectivamente decretados, dadas las oposiciones que se pudieran presentar.
A favor de cambiar este párrafo por uno que diera mayor protección (que fueran los decretos supremos efectivamente publicados y no solo las resoluciones exentas reclamables) votaron los diputados Roberto León (DC), Jorge Rathgeb (RN) y PS Christian Urízar y Daniel Melo. En contra, los legisladores Leopoldo Pérez (RN), David Sandoval (UDI), Marcelo Chávez (DC) y Cristina Girardi (PPD). Esta ultima se sumó al rechazo al querer testimoniar su posición en pro de una protección general, pero al hacerlo permitió que se perdiera la indicación que al menos los protegía (por presunción) todos temporalmente, esto es durante todos los años que la autoridad se demorara en decretar el 33 % de la superficie fuera de parques nacionales, como reserva estratégica..
Ley no permitirá revocar RCA
Otro articulo que reafirma cómo el Ejecutivo, junto a algunos legisladores, se resiste a proteger todos los glaciares (que se encuentran fuera de parques y reservas nacionales más los que sean declarados reserva estratégica glaciar) y sus entornos, es el primero transitorio, que permite que en el caso de proyectos con resolución de calificación ambiental vigente y que incluso ya estén afectando glaciares, solo se les obligará a presentar un informe técnico. Y en base a este, el Ministerio del Medio Ambiente podrá solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental, previo informe de la Dirección General de Aguas, “que considere la revisión de la respectiva RCA a fin de incorporar un programa de monitoreo del o los glaciares afectados así como las medidas que correspondan conforme al artículo 25 quinques de la Ley 19.300”, que puede establecer modificaciones al permiso ambiental, pero que no contempla su caducidad.
En concreto, a pesar de ser una norma de protección de glaciares, no se resguardará bajo los principios de esta nueva ley los que actualmente están siendo afectados, sino que solo se monitorearán y eventualmente modificarán los permisos ambientales para incluir medidas de mitigación.
Solo estuvo en contra de este texto la diputada Cristina Girardi (PPD), a favor los DC Roberto León y Marcelo Chávez, RN Leopoldo Pérez y Jorge Rathgeb (RN), el UDI David Sandoval y el PS Christian Urízar. Daniel Melo (PS) se abstuvo.
Con estas votaciones la Comisión de Medio Ambiente concluyó la tramitación del proyecto, el cual deberá ser revisado ahora por el pleno de la Cámara de Diputados, previo informe de la Comisión de Hacienda. Posteriormente este pasará a segundo trámite constitucional en el Senado, donde será revisado por la Comisión de Medio Ambiente que hoy preside el senador Alejandro Navarro (MAS).
Llamado a los legisladores
Desde las organizaciones de la sociedad civil, como el caso de Chile Sustentable, Greenpeace y territoriales han cuestionado al Ejecutivo, de la mano del ministro del Medio Ambiente, por sus constantes intentos por flexibilizar el nivel de protección de los glaciares a favor de actividades de alto impacto como el caso de la minería.
En un comunicado de prensa Greenpeace expresó que “la Presidenta no cumplió su promesa del 21 de mayo de 2014, y la comisión de medio ambiente falló en producir un texto que garantice la protección de una de nuestras principales reservas de agua”, en tanto organizaciones territoriales se tomaron, este martes 24 de mayo, la sede del Ministerio de Medio Ambiente en rechazo al proyecto de ley aprobado por la comisión.
En tanto en una declaración de Chile Sustentable, dada a conocer luego de la votación, se denunció como “irresponsable seguir dejando los glaciares a merced de la mega minería, tal como se dejó los mares del sur a merced de las empresas salmoneras”. Y concluyó: “las organizaciones ciudadanas esperamos que los diputados autores de la iniciativa original de ley y los parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición, que están concientes de las graves limitaciones de la ley aprobada, logren modificarla en la sala de la Cámara de Diputados y en el Senado, para que Chile pueda proteger todos sus glaciares y dar seguridad hídrica a sus habitantes, comunidades y ecosistemas, hoy y en el futuro”.
De esta forma el debate político sobre la norma de protección de los glaciares, hoy establecidos en la ley como bienes públicos, deberá se zanjado en primer trámite legislativo por el pleno de la Cámara de Diputados.
